El Consejo de Ministros que se ha reunido hoy no ha aprobado el consabido Real Decreto-ley, pero ello no le ha impedido adoptar un interesante acuerdo por el que ha designado embajador de España en el Reino de Esuatini [Reino de Suazilandia]. Sin duda, es un hecho que merece ser destacado.
Por otro lado, en la sesión de hoy se han adoptado otros acuerdos, que paso a destacar [véase la referencia completa de la sesión]:
- Ha aprobado, como cada año, un Real Decreto que actualiza el marco aplicable a las subvenciones al transporte de mercancías industriales con origen o destino en las Islas Canarias. La insularidad conlleva unos sobrecostes de transporte, tanto para las materias primas requeridas por la industria como para el producto final elaborado, que suponen una desventaja competitiva para las empresas radicadas en las Islas Canarias, comprometiendo su viabilidad. En esta línea, el nuevo Real Decreto amplia los conceptos de costes subvencionables con objeto de que las subvenciones puedan compensar adecuadamente estas desventajas asociadas a la insularidad, paliando así los condicionantes que el hecho insular supone para la viabilidad del sector industrial en Canarias. Se moderniza también la gestión de estas ayudas, de modo que se optimicen los trámites asociados a su otorgamiento y se reduzcan las cargas administrativas que deben soportan las empresas que las reciben.
- También ha aprobado, en el marco del proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, un Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y el Reino Unido en relación con Gibraltar. Tiene como principales objetivos: eliminar el fraude fiscal y los efectos perjudiciales derivados de las características del régimen fiscal gibraltareño; establecer unas reglas claras para resolver con mayor facilidad los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas, y evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España. Para ello, se establece un régimen reforzado de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de las respectivas administraciones tributarias, que incluye el intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona. Asimismo, se prevé la adaptación dinámica de este régimen especial de cooperación a los nuevos estándares de la Unión Europea y la OCDE en materia de transparencia, cooperación administrativa, prácticas fiscales perjudiciales y de lucha contra el blanqueo de capitales.
El Texto consta de un preámbulo y nueve artículos. En los considerandos se incluye una cláusula que desliga el Acuerdo con cualquier cuestión relativa a la soberanía de Gibraltar y la posición de las Partes a este respecto.
- Ha acordado aprobar la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora el 21 de marzo [texto de la Declaración, aquí].
- Ha adoptado un acuerdo por el que se procede a la designación de los candidatos que propondrá España como jueces del Tribunal General de la Unión Europea.
- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha presentado hoy al Consejo de Ministros un informe sobre desinformación y la amenaza global que supone para la libertad y la democracia.
- Finalmente, ha aprobado dos acuerdos, con informe favorable del Consejo de Estado y con invocación del artículo 161.1 de la Constitución para su suspensión, por los que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional. El primero es un recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 1 a) y 2 del artículo 23 de la ley Foral 14/2018 por contravenir la normativa estatal, recogida en el Real Decreto 293/2018, sobre reducción de bolsas de plástico y creación del registro de productores. Mediante el segundo recurso se procede a impugnar la Resolución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de Cataluña, de creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía.
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