Bibliografía (Revista de revistas) - Diario La Ley Unión Europea n. 131 (diciembre 2024)

 Trabajos publicados en el Diario La Ley Unión Europea, núm. 131, de 30 de diciembre de 2024:

Seminario sobre Violencia de Género: Retos pendientes a la luz del Convenio de Estambul y la Directiva (UE) 2024/1385:
- Adela Serra Rodríguez, La reparación de las víctimas de violencia de género.

Una adecuada reparación a la víctima de violencia de género pasa necesariamente por el reconocimiento de una indemnización que respete los principios de vertebración y reparación integral del daño. Esto exige que tanto las pretensiones indemnizatorias ejercitadas por la propia víctima o por el Ministerio Fiscal, como las resoluciones judiciales identifiquen las distintas partidas que pueden componer el daño sufrido por la víctima, como el daño corporal, de donde ser podrán seguir daños patrimoniales y pretium doloris, daños morales propios o daño social, que han se ser resarcidos adecuadamente para evitar, en lo posible, una victimización secundaria. Se pretende en este trabajo delimitar estos conceptos indemnizatorios, con especial atención al daño moral que sufre la víctima de violencia de género por la vulneración o afectación a su dignidad o integridad moral, reflexionar sobre la necesidad de su prueba o acreditación ante los tribunales y los criterios para su valoración y, por tanto, para la determinación del quantum indemnizatorio.

- Carmen Azcárraga Monzonís, Violencia contra las mujeres y extranjería en la Directiva (UE) 2024/1385. ¿Novedades desde Europa?

La aprobación de la Directiva (UE) 2024/1385 constituye un importante hito en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito de la Unión Europea. Su aprobación obliga a todos los Estados miembros a proteger a estas víctimas, un tratamiento que debe cubrir las necesidades de estas personas independientemente de su nacionalidad y desde todas las ramas del ordenamiento jurídico. También desde el Derecho de extranjería cuando las víctimas son personas extranjeras —extracomunitarias— residentes en la Unión Europea. En este contexto, este estudio persigue analizar si la Directiva 2024/1385 ha tenido en consideración la materia de extranjería y su eventual impacto en el Derecho español en este campo.

- Elena García Testal, Violencia, género y trabajo: de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, a la Directiva (UE) 2024/1385, veinte años de protección laboral de las víctimas.

La protección laboral de las víctimas de violencia no se agota con la intervención de la LO 1/2004, sino que se han desarrollado nuevas manifestaciones normativas de protección y de prevención de las mujeres frente a la violencia, en el ámbito nacional, europeo e internacional, siendo el último ejemplo de ello la Directiva (UE) 2024/1385.

- Marina Sancho López, Nueva Directiva europea contra la violencia de género. Punitivismo, capacidad de agencia y garantismo.

La Directiva plantea unas líneas generales de actuación que se examinan desde una perspectiva crítica y de género: reforzar e introducir disposiciones en materia sancionadora —lo que comporta la tipificación de nuevos delitos—, se dictan medidas en materia de protección y apoyo de las víctimas y su acceso a la justicia —lo que, viene condicionado por la denuncia previa— y se regula el sistema de recogida de información —con el consecuente impacto que ello origina en términos garantistas—.

- Vincenzo Barba, Difusión por parte de adolescentes de material manipulado. Primera lectura del art. 5 de la Directiva (UE)2024/1385.

El trabajo analiza el art. 5 de la Directiva (UE) 2024/1385, que penaliza la difusión no consentida de material íntimo o manipulado, proponiendo una lectura desde el punto de vista del Derecho civil. Aunque la normativa se centra en sanciones penales, el texto explora cómo el derecho civil puede complementar esta regulación a través de la responsabilidad civil de los adolescentes y sus padres, destacando mecanismos de reparación como la indemnización y la cesación de la difusión del material. El ensayo aborda los desafíos probatorios y la necesidad de educar en el uso responsable de tecnologías para prevenir estas conductas. Se concluye que, para lograr una protección efectiva de las víctimas, es esencial combinar las disciplinas civil y penal, adaptando la normativa a la capacidad de discernimiento de los adolescentes y garantizando una reparación adecuada de los daños.

Regulación:
- Pedro Poveda, Ana Orondo, Eduardo Orteu y Yago Fernández, La Propuesta de Reglamento europeo de envases y residuos de envases, de inminente aprobación, y su comparación con la reciente y novedosa regulación a nivel nacional: el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

El Proyecto de Reglamento europeo de envases y residuos de envases, en tramitación desde 2022 y de inminente publicación (previsiblemente el primer trimestre de 2025) es un proyecto ambicioso de profundo calado y vocación armonizadora. En España, el 29 de diciembre de 2022 entró en vigor el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases y, en estos casi dos años, se han ejecutado cambios sustanciales previstos en la nueva regulación, como la inscripción de todos los productores de producto en el nuevo Registro público nacional. Sin embargo, las principales novedades de la nueva regulación nacional son de aplicación a partir del 1 de enero de 2025, como las de marcado o las del régimen de responsabilidad ampliada del productor para envases comerciales, industriales y reutilizables. El objetivo del presente Trabajo es identificar algunos de los aspectos más significativos del nuevo Proyecto de Reglamento europeo de envase y residuos de envases y compararlos con la regulación nacional para anticipar, en la medida de lo posible, la eventual compatibilidad de ambas normas. Una cuestión que genera una profunda incertidumbre y pesar en los operadores económicos, que temen verse abocados a tener que volver a soportar el alto coste de nuevos cambios de profundo calado en pocos años.

Jurisprudencia:
Crónicas:
- Javier A. González Vega, Tres sentencias y un destino (confuso): las decisiones del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2024 sobre el Sáhara Occidental.

Resulta excepcional el hecho de que en un mismo día se dicten 3 sentencias relativas a la cuestión del Sáhara occidental por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmando la excepcional feracidad de esta situación ante las jurisdicciones europeas. Las sentencias dictadas el 4 de octubre, sin embargo, responden a dinámicas distintas. Las 2 primeras resuelven los recursos de casación interpuestos por la Comisión y el Consejo contras las Sentencias del Tribunal General de 29 de septiembre de 2021 por la que se anulaban las decisiones sobre conclusión de los acuerdos comercial y pesquero con Marruecos que contemplaban su aplicación al Sáhara occidental. En ambas, aunque confirmando en términos generales las decisiones previas, el Tribunal de Justicia introduce significativos matices en relación con la subjetividad y la consiguiente legitimación del Frente Polisario como respecto de las implicaciones del principio del efecto relativo de los tratados al desautorizar en este caso la interpretación ofrecida por el Tribunal General y admitir la eventual viabilidad de un consentimiento implícito al margen de la voluntad del Frente Polisario. Por su parte, la Sentencia Confédération paysanne aplica la doctrina sobre etiquetado de productos a los procedentes del Sáhara occidental —establecida en 2019 en la Sentencia Vignobles Psagot— aunque con importantes matices respecto de esta última, adoptada respecto de los territorios árabes ocupados. En suma, el acervo jurisprudencial europeo en torno al Sáhara occidental se consolida, aunque sus desarrollos adolezcan de imprecisiones y ambigüedades.

Sentencias seleccionadas:
- José Antonio Fernández Amor, La vis expansiva del principio de competencia frente al poder tributario estatal: el caso Apple (STJ GS 10 septiembre 2024, as. C-465/20 P, Comisión Europea v. Irlanda, Apple).

El presente comentario resume y analiza la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como resultado de un recurso de casación que presenta la Comisión a un fallo del Tribunal General de 15 de julio de 2020. El asunto de fondo es el encaje del tratamiento fiscal dispensado mediante acuerdos fiscales (decisiones anticipadas) por la República de Irlanda a la empresa multinacional Apple por las actividades realizadas en su territorio. El Tribunal de Justicia razona la anulación de la sentencia recurrida desde el principio de competencia. Ese fallo proscribía una Decisión de la Comisión que conminaba al Estado miembro a la recuperación de los montantes ahorrados por la compañía consecuencia de los beneficios fiscales que suponían los acuerdos mencionados.

- Pedro A. de Miguel Asensio, El ámbito de aplicación y los beneficiarios de la legislación de propiedad intelectual tras la sentencia Kwantum STJ 24 octubre 2024, as. C-227/23: Kwantum Nederland y Kwantum België).

La sentencia Recorded Artists Actors Performers del Tribunal de Justicia abrió un debate acerca de en qué medida el Derecho de la Unión excluye que las legislaciones de sus Estados miembros puedan aplicar las cláusulas de reciprocidad que excepcionalmente contemplan algunos de los instrumentos internacionales en la materia. La reciente sentencia Kwantum confirma una interpretación amplia de ese desplazamiento de los legisladores nacionales en relación con los derechos objeto del instrumento central del Derecho de la UE en este sector, es decir, la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. Se analizan las implicaciones de estos pronunciamientos sobre las normas relativas al ámbito de aplicación personal o los beneficiarios de las legislaciones de los Estados miembros sobre propiedad intelectual.

- Alberto J. Tapia Hermida, El “consumidor medio”, los sesgos cognitivos y las prácticas comerciales desleales de venta cruzada de préstamos y seguros (STJ 14 noviembre de, as. C-646/22: Compass Banca SpA).

La STJUE da respuesta a varias cuestiones prejudiciales referidas al concepto de «consumidor medio» y de encuadramiento de la información (framing) en un caso de venta cruzada de préstamos y seguros como práctica comercial desleal de las empresas en sus relaciones con los consumidores a la vista de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre la distribución de seguros.

Notas de jurisprudencia:
- Ángel María Ballesteros Barros, Centro principal de actividad del deudor empresario o profesional independiente (STJ 19 septiembre 2024, as. C-501/23, DL vs Land BerlinCronología de decisiones).

La sentencia del TJUE de 19 septiembre 2024, C-501/23, DL vs Land Berlin, resuelve que el art. 3.1.º del Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un particular que ejerce una actividad mercantil o profesional independiente, se presume, salvo prueba en contrario, que el centro de intereses principales de esa persona se sitúa en su centro principal de actividad, aun cuando dicha actividad no requiera ningún medio humano o material. El autor comparte el razonamiento seguido por el TJUE para justificar su fallo, si bien analiza algunas lagunas que su respuesta a las cuestiones prejudiciales plantea respecto de la concreción del centro principal de actividad del deudor empresario o profesional independiente.