El Real Decreto-ley nuestro de cada semana (referencia del Consejo de Ministros de 22.2.2019)

Para llenar el vacío de la semana pasada, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un nuevo Real Decreto-ley. En esta ocasión junto con un Anteproyecto de Ley, que regulan y desarrollan el régimen especial para Baleares. Ambas normativas establecen medidas de carácter económico y fiscal, con especial atención a ciertos sectores y materias claves en la región, encaminadas a impulsar la actividad y a mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos de ese territorio. Ambas iniciativas pretenden compensar los desequilibrios generados por la insularidad de esta Comunidad Autónoma. Llama la atención que un tema tan complejo y de tanta trascendencia práctica, como es un régimen económico y fiscal de una comunidad autónoma, quede relegado a un Real Decreto-ley, sin posibilidades de introducir modificaciones. Y además se acompañe de un Anteproyecto de Ley que no verá la luz. Como persona directamente afectada por esta norma, me parece una medida demagógica que solamente pretende tener efectos electorales de cara a las próximas elecciones, generales y autonómicas.

Además del Real Decreto-ley de la semana, el Consejo de Ministros ha adoptado también otros acuerdos en la sesión de hoy (véase la referencia completa, aunque hay que advertir que la referencia está plagada de fallos: multitud de enlaces que no funcionan y contenidos que no se corresponden con lo aprobado):

- Ha autorizado la firma del Convenio entre España y Perú sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia. En este tema, el contenido de la referencia es totalmente inexacto, pues se refiere no al convenio bilateral con Perú sino al Convenio de La Haya de 1970 sobfre obtención de pruebas en el extranjero.

- Ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Costa Rica al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, y se dispone su remisión a las Cortes Generales. Costa Rica presentó su adhesión a este Convenio el 16 de marzo de 2016.

- Igualmente, a adoptado un Acuerdo por el que se declara de urgencia la tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Hay que recordar que la Ley todavía no ha sido publicada en el BOE.

- Ha acordado establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El objetivo es conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad. La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor.

- Ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Academia Joven de España y la dota de personalidad jurídica propia para otorgarle visibilidad y representar a los científicos jóvenes, preferentemente en el ámbito de las ciencias experimentales. Los miembros de la Academia lo serán durante cinco años para, por una parte, asegurar la juventud de sus académicos y, por otra, dar las mismas oportunidades a los científicos de generaciones sucesivas. El perfil de los miembros de esta Academia será coincidente con el promedio de 40 años de edad y de 12 años a partir de la consecución del título de doctor, pues se entiende por científico joven aquel que ha alcanzado la madurez y que está al inicio de su carrera investigadora independiente. Se pretende también que la Academia actue como nexo con los jóvenes científicos que realizan su trabajo en el extranjero, ya que parte de sus miembros podrán ser jóvenes nacionales que investigan fuera de nuestro país.

- Finalmente, ha aprobado la concesión, a título póstumo, de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al profesor Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Fallecido en Madrid el pasado 17 de enero, era doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo. Ejerció como profesor universitario y catedrático de Derecho Internacional Público y fue titular de la Cátedra Jean Monet de Derecho Comunitario Europeo. En 1986 se convirtió en el primer juez español en ocupar una plaza en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, donde desempeñó gran parte de su vida profesional, presidiendo esta institución desde 1994 hasta 2003. En 2005 el Comité de Ministros del Consejo de Europa le confió la presidencia del Grupo de Sabios encargado de examinar la eficacia a largo plazo del mecanismo de control del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ejerció como director del Departamento de Estudios Europeos del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Vinculado al consejo asesor de las revistas jurídicas europeas más prestigiosas, fue codirector de la Revista de Derecho Comunitario Europeo, que contribuyó a fundar en 1974.

Le fue concedido el doctorado Honoris Causa por las universidades de Oviedo, Cádiz, Turín (Italia), Babes-Bolyai (Rumanía), El Sarre (Alemania) y San Clemente de Ohrid (Bulgaria). Entre otras distinciones, a lo largo de su carrera recibió el Premio Walter Hallstein por su contribución al proceso de integración europea, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Gran Cruz de la Orden del Fénix de la República Helénica, la Gran Cruz de la Orden Nacional Estrella de Rumanía, la Grande Ufficiale de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Gran Cruz de la Orden del Mérito del Gran Ducado de Luxemburgo, la Grand Officier de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.