BOE de 22.2.2019

Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.

Nota: Según su resumen ejecutivo, esta Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 viene a revisar y actualizar la anterior Estrategia Española contra el Crimen Organizado 2011-2014. Aunque algunas circunstancias en ella tratadas permanecen en vigor en la actualidad, los cambios en determinados aspectos delincuenciales, tecnológicos, sociales y de la situación internacional obligan a que, tras varios años desde la finalización prevista de su vigencia (si bien, desde entonces se ha continuado desarrollando la aplicación de determinadas actuaciones e implementado otras), deba ser revisada y puesta al día para tener una renovada visión estratégica. Son ejes de la Estrategia los siguientes:
El primer eje: «Inteligencia como prevención y anticipación de amenazas». Busca promover la generación de inteligencia como vehículo de anticipación contra estos fenómenos. Resulta esencial el conocimiento sobre la situación, la evolución y las nuevas tendencias de la realidad criminal mediante el empleo de la inteligencia.
El segundo eje: «Neutralizar la economía del Crimen Organizado y de los delincuentes». Se dirige a impulsar la investigación de la estructura económica y financiera de los criminales y organizaciones delictivas para lograr la incautación de los beneficios ilícitos como una de las respuestas más eficaces para la neutralización de su actividad delictiva.
El tercer eje: «Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas». Se basa en implementar medidas para minimizar el riesgo asociado a todas las actividades criminales, orientando el mayor esfuerzo hacia aquéllas con especial incidencia en el panorama criminal de España, como son: el tráfico de estupefacientes, los delitos relacionados con la corrupción, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los fraudes a los intereses de la Hacienda Pública, los delitos contra el patrimonio (robos violentos y con fuerza), el tráfico ilícito de armas y los delitos contra el medioambiente.
El cuarto eje: «Vinculación entre el Crimen Organizado y el Terrorismo». Persigue propiciar una respuesta que integre la inteligencia operativa y estratégica generada sobre ambos tipos de amenazas, buscando realizar interpretaciones más abiertas y creativas que faciliten nuevas vías de prevención, investigación y análisis.
El quinto eje: «Cooperación y coordinación internacional». Busca continuar mejorando los mecanismos internacionales de colaboración, cooperación, coordinación e intercambio de información, tanto a nivel bilateral, con los socios de interés estratégico para España, como multilateral en el seno de las Organizaciones Internacionales de las que forma parte.
El sexto eje: «Seguridad: compromiso en común». Se orienta a integrar en la lucha contra estas amenazas a los distintos actores implicados, en el sector público y en el privado, mediante el refuerzo o, en su caso, establecimiento de canales de comunicación, relación e información. Incluye favorecer acciones de formación continua que permita sumar esfuerzos contra esta situación.
El séptimo eje: «Elaboración y adaptación legislativa». Se dirige a impulsar la adecuación y perfeccionamiento de la legislación, adaptando los instrumentos jurídicos administrativos, penales y procesales a las demandas de la lucha contra nuevas formas de criminalidad.
El octavo eje: «Formación y capacitación». Pretende potenciar la actualización y especialización de los operadores públicos de seguridad, mediante la continua adaptación de los procedimientos de trabajo a los nuevos métodos y técnicas empleados por las organizaciones criminales.
El noveno eje: «Nuevas tecnologías contra el crimen del siglo XXI». Prioriza ampliar el uso de nuevas tecnologías para enfrentarse más eficazmente a la criminalidad organizada y la delincuencia grave del presente siglo XXI. En un mundo global cada vez más tecnificado, la utilización de herramientas tecnológicas en todos los ámbitos de seguridad, debe ser una línea estratégica transversal contra una criminalidad que las utiliza de forma generalizada para alcanzar más fácilmente sus objetivos ilícitos.
Y el décimo eje: «Prevención de la delincuencia organizada y grave». Se dirige a impulsar el aprovechamiento de la inteligencia generada en los diversos niveles para posibilitar la coordinación entre las actuaciones de las unidades de investigación y las de prevención, mejorando, así, las capacidades para enfrentar conjuntamente el crimen organizado y la delincuencia grave. Los procesos de inteligencia generados por los operadores públicos de seguridad deben estar dirigidos a anticiparse a estas realidades criminales, tanto en las labores de prevención, favoreciendo la sensación subjetiva de seguridad con una presencia policial eficiente, como de investigación, dando una respuesta integral al problema.

[BOE n. 46, de 22.2.2019]