El pasado 3 de marzo, el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, entregó en el registro de las Cortes Generales un estudio monográfico sobre la migración en las islas Canarias durante el pasado año. En este periodo, 23.023 personas llegaron a las costas del archipiélago. El documento recoge las principales conclusiones de la Institución que en los últimos meses de 2020 ha realizado una exhaustiva supervisión de las instalaciones de recepción, detención y acogida de personas extranjeras.
Para evitar que se repitan situaciones como la vivida en Canarias en el estudio se proponen medidas a corto, medio y largo plazo.
A corto plazo, la Institución considera necesario crear centros de acogida con un conjunto de instalaciones de carácter permanente que eviten tener que improvisarlas sobre la marcha; destinar más medios personales y materiales; protocolos de actuación bien definidos; normas de aplicación claras y precisas para regular cada situación (menores, madres con hijos, solicitantes de asilo y protección internacional); sistemas de identificación de personas desaparecidas en el trayecto y oficina de atención a los familiares y medidas especificas para evitar que se generen fenómenos de xenofobia entre la población.
A medio y largo plazo, el Defensor considera necesario establecer un sistema de coordinación que integre a los distintos organismos involucrados, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
También ve imprescindible alcanzar un acuerdo de coordinación con las comunidades autónomas que sea consensuado y estable para buscar vías que acometan de forma solidaria distintas iniciativas de colaboración.
Por último, el Defensor del Pueblo considera que “España no pude aplicar una política migratoria al margen de nuestros socios europeos” y que es necesario contar con un proyecto consensuado en el seno de la Unión Europea.
Texto del estudio monográfico [aquí]
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